De las condenas al "vandalismo" al llanto de la alcaldesa de Bogotá: el saldo mortal de las protestas contra la violencia policial en Colombia

Por lo menos ocho personas murieron y 140 quedaron heridas de gravedad después de las masivas protestas contra la violencia policial que se realizaron anoche en Colombia por el asesinato de Javier Ordóñez, un taxista que murió de modo similar a George Floyd, el ciudadano estadounidense que fue asfixiado mientras un policía le apretaba el cuello, en un caso que generó una conmoción mundial.

Las autoridades reportaron cinco personas muertas durante las movilizaciones en Bogotá, mientras que la revista Semana confirmó otras dos víctimas fatales en el municipio de Soacha.

El diario El Tiempo, por su parte, reportó al mediodía de este jueves que había un octavo asesinado en la capital e incluso dio a conocer los nombres de algunas de las víctimas.

Se trata de Julieth Ramírez, una estudiante de psicología de 19 años; Cristian Hernández, de 24; Jaider Fonseca, de 17; y Germán Smith Puentes, de 25 años. 

Más tarde, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, sumó los nombres de Andrés Felipe Rodríguez de 23 años; y Freddy Mahecha de 20.

También denunció que los policías dispararon de forma indiscriminada hacia los manifestantes, lo que derivó en una masacre de secuelas aun imprevisibles tanto para la propia alcaldesa como para el presidente Iván Duque, quien hasta la tarde de este jueves no se había pronunciado sobre los hechos.

Más temprano, el general Gustavo Alberto Moreno, director encargado de la Policía Nacional, explicó en rueda de prensa que hasta el momento había 70 detenidos.

Agregó que 87 policías resultaron lesionados en la capital, tres más en Soacha y otros tres en el municipio Madrid. Los daños materiales, que incluyen sedes bancarias, comercios, vehículos, motos y estaciones de transporte público todavía eran visibles esta mañana en la capital.

En el mismo encuentro con los periodistas, el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, confirmó el ofrecimiento de una recompensa de 50 millones de pesos (alrededor de 13.440 dólares) para quien proporcione información que permita identificar a los responsables de los homicidios y a quienes cometieron actos de vandalismo.

También reveló que, para evitar nuevos estallidos de violencia como los ocurridos anoche, la Policía de Bogotá será reforzada con 1.600 agentes, incluidos los que llegarán provenientes del resto del país, y por lo menos 300 soldados.

"Rechazamos nuevamente, con dolor e indignación, los hechos que pueden comprometer a dos agentes de la Policía y que concluyeron en la muerte del señor Ordóñez", afirmó.

Sin embargo, cuestionó la estigmatización que, según él, padece la Policía Nacional, ya que consideró que los delitos que puedan haber cometido algunos agentes no pueden extrapolarse a toda la institución.

Lágrimas

Por la madrugada, con las calles convertidas en un caos, la alcaldesa de Bogotá publicó un video en sus redes sociales para denostar el vandalismo y la violencia que, aseguró, no resolverán los problemas de los abusos policiales.

"Así como condenamos el abuso policial también condenamos la violencia y vandalismo por parte de algunos manifestantes, el abuso y la violencia no se solucionan con más violencia. Es en estos momentos donde debemos aferrarnos a la Constitución y a la movilización ciudadana pacífica", dijo López mientras hacía esfuerzos para que las lágrimas no escaparan de sus ojos.

Agregó que las protestas se deben realizar con dolor e indignación, pero no con destrucción. "Caldear los ánimos y destruir a Bogotá, esa no es la solución", dijo.

Esta tarde, sin embargo, endureció su discurso contra las fuerzas de Seguridad y advirtió que, o la Policía es un organismo civil o uno casi militar que usa armas de fuego de manera indiscriminada contra las protestas sociales, las cuales, a su vez, son un derecho.

Además, le pidió Duque que prohibiera a la Policía el uso de las pistolas Táser para emitir descargas eléctricas en contra de los ciudadanos.

"No vamos a tolerar una masacre de nuestros jóvenes (...) sin que se haya impartido ninguna orden, estos hechos ocurrieron y deben ser investigados y sancionados por la justicia ordinaria e independiente", señaló al referirse al perfil de todas las personas fallecidas durante la madrugada en la capital colombiana.

¿Qué pasó?

Ordóñez, un abogado de 44 años, padre de dos hijos menores de edad y taxista, fue detenido el martes por la noche por dos policías que lo acusaron de incumplir las restricciones de la cuarentena, que rige en el país para prevenir la propagación del coronavirus. El hombre circulaba en el barrio Villa Luz, en la localidad de Engativá, ubicada en el occidente de Bogotá.

Los agentes lo tiraron al piso, le aplicaron descargas eléctricas y lo mantuvieron sujeto del cuello, lo que fue grabado por Juan David Uribe, un amigo de la víctima que viralizó el video en redes sociales, tal y como ocurrió en el caso de George Floyd, cuyo asesinato generó este año una revuelta contra el racismo en Estados Unidos.

A pesar de que Ordóñez les imploró que se detuvieran, los policías continuaron aplicándole las descargas, lo que lo debilitó al extremo. Aún así, lo llevaron junto con otro de sus amigos al Comando de Acción Inmediata, en donde, de acuerdo con varios testimonios, siguieron golpeándolo.

Más tarde, Ordóñez estaba en tan malas condiciones que tuvo que ser trasladado a una clínica, en donde murió.

De inmediato, en las redes sociales comenzaron a organizarse protestas masivas en las calles de las principales ciudades del país, que derivaron en enfrentamientos con la Policía, disturbios, quema de vehículos, rotura de comercios y un panorama de desolación ante otras muertes.

La paradoja es que ayer, precisamente, en Colombia se celebraba el Día de los Derechos Humanos.

El crimen contra Ordóñez no es el único caso en el que las fuerzas de Seguridad han estado involucradas durante la pandemia. De acuerdo con datos de la organización Temblores, desde el 25 de febrero al 3 de septiembre, se han interpuesto 169 denuncias por abusos policiales con el pretexto de las restricciones sanitarias.

Cecilia González

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